archivos de la atrocidad

Documentación sobre Guatemala
Introducción
En julio de 1994 el gobierno de Guatemala y la URNG firmaron el Acuerdo sobre Derechos Humanos que contenía el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ese mismo mes, el National Security Archive (NSA) comenzaba a trabajar en el Proyecto Documentación sobre Guatemala para lograr la publicación de los expedientes secretos norteamericanos sobre Guatemala.
El primer objetivo del proyecto era apoyar las investigaciones sobre derechos humanos de la Comisión de Esclarecimiento. Creíamos que el acceso a los documentos desclasificados facilitaría el trabajo de la Comisión ya que los Estados Unidos habían mantenido extrechas relaciones con cada uno de los gobiernos guatemaltecos, con excepción del régimen de Lucas García, desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954. Este contacto hacía suponer la existencia de un tesoro escondido de información que podía arrojar luz sobre una gama de temas cruciales que incluyen, la política de los EEUU en Guatemala; las relaciones entre los dos países; los sucesos económicos, políticos y sociales; los orígenes del conflicto civil; y detalles de casos concretos de derechos humanos. También sabíamos que había un tema sobre el que la Comisisión no encontraría información fehaciente pero que estaba ampliamente documentado en las agencias de los EEUU: el aparato de inteligencia y seguridad guatemalteco. Como era de esperar, el ejército se convirtió en el tema central del estudio de la Comisión.
El NSA ya tenía experiencia trabajando con comisiones de la verdad en Centroamérica. En 1992 y 1993 el NSA proporcionó documentos y alguna asistencia técnica a la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador y pudo ver los problemas que tuvieron que afrontar sus miembros para conseguir la información más básica sobre las fuerzas armadas –una información que la Comisión necesitaba para poder entender las causas institucionales tras las violaciones de derechos humanos que tenía a su cargo investigar. El Dr. Leo Valladares, el ombudsman de derechos humanos de Honduras con el que el NSA ha colaborado extensamente desde 1993, tuvo las mismas dificultades para reunir la información imprescindible sobre las unidades de inteligencia del ejército hondureño detrás de muchas de las desapariciones ocurridas a comienzos de los ochentas. Conociendo el secretismo y la opacidad tradicionales del ejército de Guatemala, era evidente que la Comisión de Esclarecimiento no iba a tener más suerte localizando información sobre las fuerzas armada que el Dr. Valladares o la Comisión de El Salvador.
El segundo objetivo del Proyecto Documentación sobre Guatemala apuntaba directamente a una restricción establecida en el mandato de la Comisión de Esclarecimiento, “Los trabajos, recomendaciones e informe de la comisión no individualizarán responsabilidades…”, es decir, la prohibición de mencionar nombres y apellidos.
Al National Security Archive le merece respeto la decisión de los negociadores de paz de limitar al alcance de las investigaciones de la Comisión y reconoce que era legítimo dudar de la conveniencia de permitir que una Comisión de derechos humanos, sin competencia legal o judicial, acusara a individuos, con nombre y apellidos, de crímenes específicos. Lo que sí parecía inaceptable, sin embargo, era mantener el muro de silencio que siempre ha protegido al ejército como institución. Esta fue la preocupación que motivó la creación de nuestra base de datos. Nuestros objetivos no son los objetivos de los defensores de derechos humanos. Una organización de derechos humanos trata el asunto de señalar con nombre y apellidos cuando empieza a estudiar las violaciones y sus perpetradores. El NSA se aproxima al tema cuando empieza a analizar la institución.
El dilema que plantea la cultura secretista del ejército va más allá de la posible responsabilidad, por supuesto. Sin información sobre la estructura de las fuerzas armadas, la Comisión habría tenido dificultades para identificar fuentes militares potenciales para dar testimonio o informar de primera mano sobre la violencia. Y sin datos fidedignos sobre las carreras de los oficiales del ejército habría sido imposible confirmar la información proporcionada por esas fuentes. No olvidemos además, que habría sido inútil para la Comisión de la verdad y para el público guatemalteco intentar entender cuatro décadas de violencia sin conocer minuciosamente una institución que todo el mundo reconoce como la más poderosa de Guatemala. En consecuencia, el NSA decidió construir una base de datos sobre las unidades y oficiales militares más importantes. Nuestra intención era proporcionar a la Comisión de Esclarecimiento una guía enciclopédica sobre la estructura de mando y organización de las fuerzas armadas como instrumento de trabajo para sus investigaciones –un material de referencia común pero que sencillamente no existe en Guatemala. Después de la publicación del informe de la Comisión de Esclarecimiento, seguimos refinando la base de datos para presentarla hoy al público.
Y por último, nos pensabamos que era crucial aclarar la responsabilidad de los EEUU en la violencia. Los análisis en los Estados Unidos sobre la política norteamericana en Guatemala tienden a empezar y terminan con el golpe de Estado de 1954. Se sabe y se entiende poco sobre el papel complejo, íntimo y duradero jugado por sucesivos gobiernos norteamericanos en Guatemala durante el trascurso del largo conflicto civil. Los documentos desclasificados permiten atisbar esta relación. En ellos se detallan las operaciones de los gobiernos de los EEUU sobre el terreno en Guatemala y sus relaciones con el ejército guatemalteco, además de ofrecer un testimonio valiosísimo sobre la toma de decisiones, públicas o encubiertas, en Washington.