viernes, 12 de diciembre de 2008

MASACRE DE TLATELOLCO

DOCUMENTO 6)

Entre las negativas que más afectaron el proceso de acopio sin duda fueron la hechas por el Estado Mayor Presidencial y la Procuraduría General de la República, pues estas dependencias fueron protagonistas de los hechos sus archivos en 1968 seguramente generaron pilas de información. Sus registros podrían resolver dudas que por años han dejado incompleta la verdad sobre su injerencia en el conflicto.

Además muchas otras como el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Telecomunicaciones y Transporte no realizaron búsquedas en sus archivos para contribuir con la recopilación de expedientes relacionados a las investigaciones del pasado ni tuvieron siquiera la intención de transferir documentación solicitada. No son creíbles los argumentos de estas secretarías que dicen carecer de documentos que pudieran ayudar a descifrar algunas de las incógnitas que por años sólo se han quedado en especulaciones y otras ni siquiera se tomaron la molestia de responder al acuerdo.

Es importante señalar que el decreto presidencial incluía sólo dependencias federales. Sin embargo, para garantizar el buen cumplimiento de esta medida se debió incluir también dependencias del Gobierno del Distrito Federal, ya que en los registros del servicio forense, delegaciones, hospitales, corporaciones policíacas, departamento de limpia, panteones, etc. es posible obtener datos imprescindibles para la reconstrucción de los hechos.

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