OPERACION CONDOR- URUGUAY

contextualización de las presentes denuncias.

Por otra parte, el testimonio de José Luis Bertazzo, entre otros documenta el caso de
tres detenidos desaparecidos que se hallaban en Automotores Orletti antes de la fecha en que
se supone dejo de funcionar el centro clandestino de detención.
Estos eran María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, embarazada de
ocho meses, y dos ciudadanos chilenos que eran torturados por oficiales de la DINA de
Chile.
El testimonio del ex represor del ejercito argentino Orestes Vaello, ante la
CONADEP de aquel país, incluyó órdenes de secuestro impresas en papel con membrete del
Ejército Argentino, entre las cuales se encontraba la correspondiente a la aprehensión ilegal y
posterior desaparición de los ciudadanos uruguayos Jorge Zaffaroni Castilla y de su
esposa María Emilia Islas Gatti, actualmente desaparecidos, y de la que resultó también la
sustracción y apropiación de su hija Mariana Zaffaroni Islas posteriormente ubicada en
poder de integrantes de los servicios de seguridad argentinos.
El mencionado documento prueba claramente la triple cadena de mandos que entraba
en juego en Automotores Orletti y en otros campos de detención por donde pasaron
ciudadanos uruguayos: la del Ejército argentino en que estaba extendida la orden de secuestro
y la Secretaría de Informaciones del Estado, dependiente de la Presidencia de la Nación.
Todo esto en cumplimiento de acciones coordinadas con las fuerzas armadas de Uruguay.
Los acontecimientos relatados en este documento proporcionan una visión acerca de
la naturaleza de la organización criminal que funcionó en los años 70 bajo el nombre de
"Operación Cóndor".
Por si eso fuera poco, documentos archivados en el Departamento de Estado del
gobierno de los EEUU, registran una síntesis del plan criminal concertado por los gobiernos
dictatoriales del Cono Sur y, por lo tanto, una prueba decisiva acerca de la comisión de los
delitos que se solicita se investiguen en la presente causa ante la justicia italiana, tanto en el
ejercicio de funciones de gobierno como en operaciones militares.
El objetivo del Plan Cóndor se centraba, según sus propios autores, “en la realización
de actividades de inteligencia sobre datos concernientes a izquierdistas, comunistas y
marxistas, y la eliminación de las actividades marxistas terroristas en el área”. Es de hacer
notar que bajo ese rubro se encontraban todos los opositores a las dictaduras existentes.
Para ello, los Estados miembros de la "Operación Cóndor", Chile, Argentina,
Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, se habían comprometido en operaciones conjuntas,
contra blancos de opositores políticos.
No alcanzando con esto, también se instrumentó una fase mas secreta de la Operación
Cóndor que establecía la formación de equipos especiales desde los países miembros, que
viajarían a cualquier lugar del mundo, para aplicar sanciones que incluían hasta el asesinato,
contra opositores o sostenedores de organizaciones que luchaban contra las dictaduras
militares.
El asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, el de los
parlamentarios uruguayos Hector Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, son algunas de las
muestras de este aspecto de la "Operación Cóndor".
Este es el papel criminal y terrorista que asumieron los gobiernos de los "países miembros"
de esta organización en la ejecución de los planes trazados bajo el nombre de "Operación
Cóndor". Y así también queda explicado el siniestro papel de "Automotores Orletti", con su
secuela de nacimiento de niños en cautiverio o de secuestro de menores con sus padres,
asesinatos, extorsión, tortura y desaparición.
La red de cooperación entre las dictaduras de Latinoamérica, conocida como
"Operación Cóndor", si bien estuvo orientada a coordinar la acción conjunta de los
organismos de seguridad regionales de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, durante el
periodo de los regímenes militares, al igual que el mantenimiento en filas de los ejércitos de
connotados personajes de las dictaduras, esta cooperación, según se afirma, tiene una
"versión de los años 90", cuya finalidad más modesta es mantener activa "una estructura de
coordinación para la protección de sus agentes integrantes", cuando éstos se encuentran en
problemas judiciales.
Según diversos abogados de derechos humanos, detrás de los casos de Enrique
Arancibia y Eugenio Berríos, que tienen en común el ocultamiento de ex agentes de la
DINA vinculados a hechos graves de represión, está la Operación Cóndor.
También la vinculación del ex Subdirector de Inteligencia del Ministerio de Defensa
uruguayo, coronel Héctor Lluis, quien casualmente también se desempeñó como agregado
militar en la Embajada de Uruguay en Chile, puede ser un eslabón interesante a dilucidar en
el caso de que las autoridades democráticas tuvieran intención de desmontar esa herencia de
las dictaduras pasadas.
Según se ha sostenido, la Operación Cóndor fue diseñada para coordinar la acción de
los aparatos de seguridad de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Supuestamente, habría tenido su origen en una proposición del general (R) Manuel
Contreras y habría funcionado sobre la base de flujos de intercambio de información, a partir
de un almacén de datos radicado en Santiago de Chile, con fines de persecución, captura y
ejecución de militantes de izquierda que se exiliaban en países vecinos. Sin perjuicio de lo
expresado, la Operación Cóndor también llegó a incluir acciones más allá de los limites
continentales.
Se sabría que Townley, después de cometido el atentado a Pratts habría salido
junto a su cónyuge desde Argentina hacia Uruguay, otra casualidad.
Resultan muy esclarecedoras las revelaciones que ante la Comisión de Verdad y
Reconciliación de chile, realizara la ex militante socialista del gobierno de Salvador Allende
que terminara siendo colaboradora e integrante de la DINA, Luz Arce Sandoval.