OPERACION CONDOR- URUGUAY

LA ACTITUD DE LOS GOBIERNOS POSTDICTADURA CON
RELACION A LAS DESAPARICIONES

El Estado uruguayo tiene una deuda con los familiares de los detenidos-desaparecidos
durante la dictadura militar y con la sociedad toda. Con la aprobación en 1986 de la Ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado - ratificada por plebiscito en 1989-, se
consagró la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad. Esa ley fue
censurada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (octubre 1992)
y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (abril 1998), por considerarla
incompatible con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos respectivamente, ambos instrumentos
ratificados por Uruguay.
Dicha ley, no obstante, en su artículo 4º establece el deber del Poder Ejecutivo de
investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. Esa investigación no se realizó
cabalmente, pues el Poder Ejecutivo encomendó una parte de ella a dos Fiscales militares (los
Coroneles José Sambucetti y Nelson Corbo) acusados de violaciones a los derechos humanos
e integrantes del órgano que legitimó la represión política durante la dictadura. Como era de
esperar, dicha investigación no arribó a ninguna conclusión esclarecedora, limitándose a
afirmar que no existían pruebas de la participación militar en los delitos de lesa humanidad
denunciados.
Así, el Estado uruguayo consagró y garantizó la impunidad en reiteradas ocasiones,
sino más aún: jamás asumió, e incluso impidió, toda acción tendiente a esclarecer el destino
de los detenidos-desaparecidos –entre los cuales hay menores sustraídos en ocasión del
secuestro de sus padres -, negándole a los familiares una respuesta que hasta hoy están
reclamando. Vale la pena recordar también que, como establece la Convención contra la
Desaparición Forzada de Personas (OEA, 1994), ratificada por el Estado uruguayo en 1995,
el delito de la desaparición forzada tiene un carácter permanente “mientras no se establezca el
destino o paradero de la víctima”.
Al mismo tiempo que se consagró la impunidad, se escamoteó a la sociedad uruguaya
la posibilidad de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el período militar. A
diferencia de los países vecinos, en Uruguay no existió jamás una investigación oficial y
pública sobre esos hechos; y menos aún un reconocimiento del Estado sobre su
responsabilidad al respecto, a pesar de que en juicios civiles ha quedado probada la
responsabilidad del Estado en dichos hechos, por los que militares uruguayos han sido
procesados también en países vecinos (Argentina y Paraguay).
Esta omisión no sólo ha violado el "derecho colectivo a saber la verdad" (como lo ha
llamado el magistrado Louis Joinet, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
Impunidad), negándole al pueblo uruguayo la posibilidad de construir su memoria histórica;
también ha permitido que en el país se sucedan hechos y declaraciones oficiales que atentan
contra esa posibilidad y que constituyen afrentas para la conciencia moral del pueblo
uruguayo. Ya lo advertía el mismo Joinet al señalar que "Como contrapartida [al derecho
colectivo a saber] al Estado le incumbe el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas
tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo". Así, por
ejemplo, en Uruguay los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos
han continuado ascendiendo en la carrera militar con el aval del Senado de la República;
Jorge Silveira, uno de los más conocidos torturadores y responsable de numerosas
desapariciones forzadas y de operativos de coordinación represiva en el Cono Sur, fue
designado este año asesor directo y hombre de confianza del actual Comandante en Jefe del
Ejército, con el aval del Poder Ejecutivo; y los mandos militares no han dejado de reivindicar
públicamente, en reiteradas oportunidades, el terrorismo de Estado practicado por el régimen
militar entre 1973 y 1984, ante el silencio aquiescente del poder civil. Ello ha legitimado una
versión de la historia que tiene su fundamento en la Doctrina de la Seguridad Nacional, según
la cual todo opositor político era un enemigo a eliminar, y los crímenes de lesa humanidad
cometidos no fueron más que acciones de guerra.
En contrapartida con esa negación oficial, en Uruguay ha crecido la conciencia y el
consenso de la opinión pública sobre la necesidad de que se dé una respuesta sobre el destino
de los detenidos-desaparecidos, cumpliendo así con el artículo 4º de la misma ley de
impunidad y con las obligaciones del Estado uruguayo emergentes de la legislación
internacional. Sectores de todos los partidos políticos, instituciones sociales, cultura les y
religiosas de la sociedad civil se han sumado a este reclamo que tiene indiscutibles
dimensiones éticas, políticas e históricas. No obstante, la respuesta del Poder Ejecutivo ha
sido siempre idéntica: un obstinado y reiterado silencio, que no refleja otra cosa que
indiferencia e insensibilidad