jueves, 20 de noviembre de 2008

,MASACRE DE TLATELOLCO

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, se decretó el acuerdo presidencial, 27 de noviembre de 2001, mediante el cual se disponía de diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.

Una de las disposiciones ordenó que la documentación en poder de las dependencias federales fuera transferida al Archivo General de la Nación (AGN) para atender la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que había documentado 532 casos de desaparición forzada de personas por motivos políticos. A estas investigaciones se les daría seguimiento a través de una fiscalía especial dependiente de la Procuraduría General de la República.

En 2002 la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (OFEMOSPP), encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, abrió sus puertas para integrar las averiguaciones previas de los casos investigados previamente por la CNDH. Tiempo después, Carrillo atrajo también las denuncias de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y los hechos del 10 de junio de 1971. Su misión era comprobar la responsabilidad de funcionarios, de todos los niveles (que ejercieron funciones en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta) en delitos en contra de personas vinculadas a grupos de oposición al gobierno mexicano de aquellos años.

Pero, ¿cuáles fueron las Secretarías de Estado que atendieron esta medida? ¿Cuáles no cumplieron y estaban obligadas? ¿Cuándo y en dónde se resguardó la documentación de aquellas que acataron el acuerdo? ¿Quiénes pueden tener acceso a estos documentos? ¿Quiénes se hicieron cargo de monitorear el total cumplimiento del mandado presidencial? Estas y muchas otras preguntas motivaron a The National Security Archive a realizar una exhaustiva investigación haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) para conocer los detalles del cumplimiento a la disposición presidencial y su vigencia

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